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845 • ¿TIRANÍA O DEMOCRACIA?

 

Lunes, 14 de junio de 2004

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En primer término es claro y para nada ambiguo que las torturas a los prisioneros de Afganistán, Guantánamo y Abu Ghraib forman parte de la política oficial. Los abogados del Pentágono y de la Casa Blanca que reportan directamente al Secretario de Defensa Donald Rumsfeld y al Presidente Bush, han redactado retorcidos informes legales intentando definir la categoría de personas inmunes tanto a los debidos procesos legales como a la Tercera Convención de Ginebra. Como lo demuestran recientes informes desclasificados del Pentágono, cuyo explícito propósito era justificar la tortura como técnica interrogatoria.

En segundo término los grotescos abusos de Abu Ghraib no han sido por lo tanto resultado del capricho de un pequeño grupo de rebeldes. La política oficial acepta que la coerción puede ser usada para arrancar información a los prisioneros. Las técnicas de tortura fueron usadas primero por especialistas en interrogatorios militares y de la CIA y limitada a los cautivos "altamente valiosos".

Pero la tortura fue bajando en la cadena de mandos degenerando desde ser ilegales y retorcidos métodos de interrogación hasta transformarse en sádicos deportes de los soldados comunes aplicados a prisioneros comunes. Tal deterioro es predecible. Ha sucedido en todos los regímenes totalitarios desde Stalin e Hitler hasta Torquemada. Cuando la tortura forma parte de la política oficial, los soldados y los policías liberan sus frustraciones y su imaginación. Es por eso que las naciones civilizadas condenan categóricamente la tortura.

Y en tercer lugar, cuando llegaron hasta Runsfeld y otros altos oficiales, los aberrantes detalles de las torturas en Abu Ghraib, los consideraron como un potencial problema de relaciones públicas, no como un síntoma de que dicha política era perversa e ilegal. Hasta cuando, ciertamente, el informe secreto del General Taguba de Abu Gras, fuera discutido internamente, los abogados del gobierno seguían sosteniendo que la Tercera Convención de Ginebra sobre prisioneros de guerra no debía aplicarse a terroristas declarados ni a ciudadanos de los EEUU, si estuvieran acusados de ciertos crímenes que podrían en consecuencia ser tratados por fuera de la ley.

Por cerca de tres años, la administración Bush ha recurrido a las más prepotentes ficciones intentando definir las categorías de ciudadanos a los que no se debe aplicar la ley. Si establecemos relaciones las torturas de Abu Ghraib son solo parte del evidente deslizamiento hacia la tiranía, con que la administración Bush trata de eximirse a sí misma del imperio de la ley. Los abogados de la Casa Blanca han sostenido en alegatos judiciales que la base de los EEUU en Guantánamo, que los EEUU, gobiernan según un tratado a perpetuidad, está actualmente bajo la soberanía de Cuba. Sostienen además que el poder del presidente en su condición de comandante en jefe está por sobre las leyes domésticas e internacionales y aún constitucionales debido a que debe proteger a los ciudadanos de los EEUU de los extranjeros acusados de "terrorismo".

Estos reclamos legales son absolutamente prefabricados. La Tercera Convención de Ginebra es contundente. Su lenguaje no permite casos especiales de tortura y tampoco distintos grados de tortura. Los prisioneros no deben ser obligados a dar otra información a sus captores que la de su nombre, rango, documento, edad. A los captores no se les permite recurrir a coerción, ni física ni síquica. No existen categorías de crímenes fuera de la ley.

Además, la protección legal asegurada por la Constitución de los EEUU no habla de ciudadanos, sino de "personas". Y aún si hubiera alguna leve justificación para el hecho de torturar a un supuesto terrorista (y no hay ninguna)- muchos prisioneros iraquíes no son "combatientes ilegales" sino ex soldados del ejército vencido, exactamente aquellos, que según la Convención de Ginebra, deben ser protegidos. Por su parte los EEUU reclaman que en el exterior cualquier prisionero estadounidense debe ser tratado con escrupuloso respeto. (Tal es el aspecto fundamental por el que existe acuerdo universal en prohibir la tortura, proteger a todos).

Los oficiales del ejército estadounidense amenazan con denunciar como crímenes de guerra cuando existen insinuaciones de que algún prisionero estadounidense ha sufrido abusos. Actualmente el Gobierno de los EEUU trata de negociar en todos los foros oficiales la inmunidad de su personal en el exterior ante cualquier denuncia que se les hiciere. Después de Ghraib, ni los aliados de los EEUU tienen deseos de otorgar a Washington excepciones especiales. El más importante grupo defensor de los derechos humanos ha programado una conferencia nacional para el 21 de junio de 2004, sobre como los derechos humanos internacionales normales deben ser aplicados por los EEUU. Parece excesivo pero, que vergonzoso que los EEUU se hayan transformado en un estado en el que necesitamos la coacción internacional para proteger nuestras propias libertades y el ejercicio de la ley.

Resulta espantoso que algunos pocos descubran que ejercer torturas sea política oficial de gobierno. Donald Rumsfeldt no debería ser solo acusado. Debería ser tratado como un criminal de guerra. Y en cuanto a Bush podrá ser echado por el electorado mientras seamos todavía una democracia.

ROBERT KUTTNER
The American Prospect - Trad. S. Merino
Colaboración ATTAC - Foto Bushspeaks